Organizaciones ecologistas de Rosario y Paraná reclamaron un ordenamiento territorial de las islas que permita finalizar con los incendios.
“El avance de la soja ha desplazado pasturas, y la zona de islas del Delta del Paraná se ha convertido en una región ganadera”, resumieron desde el Taller Ecologista (Rosario) y la organización M´Bigua, Justicia y Ciudadanía Ambiental (Paraná).
“En el caso de Entre Ríos, el mismo gobierno contribuyó a la modificación del uso de nuestros humedales a través de la promoción del Régimen de Arrendamientos de Islas Fiscales”, señaló Diego Rodríguez, especializado en derecho ambiental de M´Bigua. El principal cuestionamiento de las organizaciones ciudadanas es que esta Ley se sancionó sin realizar un estudio con respecto a sus posibles impactos, y de esta manera se perdió una gran oportunidad tomar medidas que apuntaran a la conservación de estos humedales.
La ley 9.603, sancionada en diciembre de 2004, somete a un Régimen de Arrendamientos a todas las islas fiscales de la provincia de Entre Ríos. En su cuarto artículo, la norma establece que los predios arrendados deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o a aquellas vinculadas a proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos, quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas.
“El avance de la soja ha desplazado pasturas, y la zona de islas del Delta del Paraná se ha convertido en una región ganadera”, resumieron desde el Taller Ecologista (Rosario) y la organización M´Bigua, Justicia y Ciudadanía Ambiental (Paraná).
“En el caso de Entre Ríos, el mismo gobierno contribuyó a la modificación del uso de nuestros humedales a través de la promoción del Régimen de Arrendamientos de Islas Fiscales”, señaló Diego Rodríguez, especializado en derecho ambiental de M´Bigua. El principal cuestionamiento de las organizaciones ciudadanas es que esta Ley se sancionó sin realizar un estudio con respecto a sus posibles impactos, y de esta manera se perdió una gran oportunidad tomar medidas que apuntaran a la conservación de estos humedales.
La ley 9.603, sancionada en diciembre de 2004, somete a un Régimen de Arrendamientos a todas las islas fiscales de la provincia de Entre Ríos. En su cuarto artículo, la norma establece que los predios arrendados deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o a aquellas vinculadas a proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos, quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas.
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